Más castigo a robo de motores marinos

In Capital

Durante la segunda sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Campeche, encabezada por su presidente diputado Ramón Méndez Lanz, se dio segunda lectura a una iniciativa para reformar el Código Civil, a fin de “quienes reciban o resguarden motores marinos, ya sea a modo de pago o para repararlos, de cualquier forma, deberán asegurarse de su legal procedencia para no incurrir en las modalidades del delito de encubrimiento por receptación”.

Ya que bien estos hechos violentos perpetrados en el mar constituyen el delito de piratería y su investigación y persecución son del orden federal, destaca la iniciativa promovida por el diputado Ambrocio López, que “desde nuestras posibilidades políticas y jurídicas no debemos quedarnos con los brazos cruzados esperando a que sea resuelto este fenómeno delictivo”.

Y agrega que como legisladores debe actuar en el ámbito que les corresponde sin dejar puertas de escape a quienes coadyuvan con los piratas y con los delincuentes en general.

Aspecto de la sesión de ayer de la Diputación Permanente del Congreso del Estado.

-Sólo así, viéndonos inmersos en esta problemática y considerando qué podemos y qué nos corresponde, contribuir a la protección del sector pesquero investigando el paradero de esos motores que son básicamente el sustento de muchas familias, es por lo que propongo la modificación de los artículos 218 y 219 del Código Penal del Estado de Campeche, aumentando la penalidad mínima y ampliando el espectro de proteccionismo penal en el primero de estos artículos, asimismo equiparando la importancia de protección penal cuando se trate de motores para embarcaciones marinas en el segundo de estos artículos propuestos.

También se le dio segunda lectura a la iniciativa para reformar artículos del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco, se destaca que es “con la finalidad de establecer en el texto normativo el divorcio sin expresión de causa (incausado)”, además de establecer en la normativa “las condiciones necesarias para la protección del menor y la familia, y con ello dotaremos a los jueces locales de las herramientas jurídicas necesarias para aplicar el derecho a los casos concretos que se les presenten”.

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