De mucho, un poco…

In Opinión

Hernán ARANDA GONZÁLEZ

Guarderías infantiles, derecho constitucional

Sabido más por intuición que por conocimientos de Derecho, el llamado marco jurídico tiene como basamento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego los tratados internacionales aprobados y ratificados, y después, las leyes federales y locales.

En el segundo caso -los tratados-, un gran número están dirigidos específicamente a los derechos humanos, lo que ha obligado a adecuar nuestra legislación a los acuerdos aceptados por las naciones con las que se guarda cercana relación de afinidad.

El veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la asamblea general de la ONU el veinte de noviembre del año anterior. Ratificó también los protocolos relativos a la participación de niños en conflictos armados, a su esclavitud y venta, a la prostitución infantil, y a su utilización en la pornografía.

El Estado mexicano, en consecuencia, realizó toda clase de modificaciones legales para no quedar a la zaga de los avances de la CDN, hasta elevar a este grupo humano a la condición de sujetos de derecho. Entre otras cosas, la Ley Federal del Trabajo contempla que, “Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias”.

Por Guardería se entiende según el diccionario, un “Centro o servicio donde se tiene y se cuida durante algunas horas a niños de corta edad. En la guardería atienden a los bebés a partir de los tres meses de edad”.

Es tan extenso el concepto y tan claro, que mediante un amplio articulado que va desde el 201 hasta el 207, la ley del IMSS no deja un solo espacio vacío a través del cual se pueda evadir la obligación oficial, o se pierda el derecho a la prestación a favor de los hijos menores de madres trabajadoras y varones viudos o divorciados.

Claro está que este derecho que se puede exigir, ha pasado y sigue pasando por serios y muy condenables problemas. Ejemplos de lo anterior, inadecuada supervisión, escasez de personal, sobrecupo, fallas en la higiene, riesgosas instalaciones y, principalmente, la corrupción que ha propiciado lamentables desgracias como aquella en un estado del norte que trajo consigo pérdidas de inocentes y la protección legal e institucional a los familiares de un personaje que ahora clama por un debate al más alto nivel para salvaguardar su honor y su prestigio.

Hoy día, la noticia de que cerrarán las guarderías por actos probados de corrupción, lleva a pensar que se está cometiendo una enorme injusticia, quizá la mayor de las últimas décadas desde la citada ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Lo anterior obliga a pensar que esta medida ha sido precipitada y que tal como se hizo con la suspensión de las obras del Nuevo Aeropuerto, el asunto debió ser sometido a una consulta ciudadana cuyos resultados podríamos asegurar serían diferentes y nos evitaría enfrentarnos a una carambola de tres bandas:

Primero, porque la decisión provocaría la ruina y el desempleo a infinidad de mujeres que arriesgaron su capital o se endeudaron para adecuar un rincón de sus viviendas a las necesidades de una guardería, y junto con ellas, a otras mujeres que se decidieron por el autoempleo.

Se comprometería seriamente el trabajo de miles de madres y padres que laboran en fábricas, oficinas o en otras actividades, por la necesidad de buscar acomodo temporal a sus hijos pequeños con gente piadosa del vecindario, dejarlos solos en casa, o bien, acudir a “los abuelitos” que en muchos de los casos están para ser cuidados igual que sus nietos, y tendrían que sobrevivir con ochocientos pesos al mes para brindarles alimentos y cuidados.

Al final, pero no al último, se pondría en serio peligro a los infantes, exponiéndolos a caer en manos aviesas, inexpertas, o por lo menos, inseguras; amén de otros riesgos de peor nivel que escandalizarían a cualquier funcionario de la ONU o la UNICEF que siguen atentos a la salud y la seguridad de los menores.

Si existe corrupción en algunas o muchas de las guarderías que están funcionando, que el gobierno utilice sus brigadas para supervisarlas, revise sus cuentas y su conducta, y si existen irregularidades, exijan la devolución de lo indebidamente sustraído al erario y castiguen a los responsables que no son los jefes de familia que trabajan, mucho menos los menores.

Así como hemos reconocido el trabajo del presidente en favor de los pobres y los desprotegidos y hemos aplaudido su lucha contra la nefasta corrupción, ahora le recordamos que más importante que el aeropuerto de Santa Lucía, el combate al huachicol y la compra de pipas para la distribución de combustibles, está la vida y la seguridad de nuestros niños.

LA HUELGA ES UN DERECHO, NO UNA CONCESIÓN GRACIOSA

Había decidido no mencionar para mal -sí para bien-, ninguna de las actividades de los ayuntamientos, con el propósito claro de no parecer parcial, o que actuó bajo consigna. Personalmente, no tengo ningún tipo de animadversión contra algún alcalde, puedo asegurarlo, y si alguna vez he realizado algún señalamiento, ha sido de manera fundada, de preferencia en el ámbito del derecho o en el de la ciencia.

Me mueve en esta ocasión el reconocimiento de un derecho contemplado por el sistema jurídico mexicano, plasmado en los artículos 5 y 123 de la Carta Magna. La normativa de este último, la Ley Federal del Trabajo, en su Capítulo XX, considera la huelga como un derecho social y fundamental de los trabajadores mexicanos.

Aceptada y reglamentada, la huelga es un instrumento para la solución de los conflictos de naturaleza colectiva derivados de la negativa patronal a discutir las demandas de los trabajadores. Es per sé, la autodefensa en la búsqueda del equilibrio entre los trillados conceptos de capital y trabajo, también conocidos desde tiempos remotos como los “factores de la producción”.

La huelga es una medida de presión dirigida a impulsar un final conveniente para ambas partes. Es un recurso compulsivo para la solución de una controversia; no es en sí una controversia. El fondo del asunto y resumen de la litis se encuentra en el pliego petitorio que debe ser presentado oportunamente ante la autoridad laboral correspondiente; sin él, el movimiento sería declarado inexistente.

En el conflicto que se libra entre patrón y sindicato en el municipio de Campeche, están presentes pasiones y sentimientos personales que nada tienen que ver con el fondo, y antes bien, abonan a su agravamiento, entre ellas, la ausencia de diálogo bilateral.

Menudean acciones como la rebeldía, la reclamada utilización de grupos de choque, amenazas de despido e intención de compra de voluntades. De ser acreditadas, acarrearían además de un laudo coincidente con las demandas gremiales, sanciones en contra de algunos funcionarios, por el desacato y el uso de estrategias no convencionales.

Poco falta ya para el desenlace en primera instancia, y la sociedad campechana se encuentra atenta a los acontecimientos, hasta ahora sin ver afectados seriamente sus intereses.

… Y ALGO MÁS

La belleza asoma a nuestras puertas

Prisa, curiosidad, y hasta algo de ansiedad por ver terminadas las obras del enorme complejo que incluye Moch Couoh, el Ángel Maya y las Fuentes Marinas. La gente de casa y los turistas se acercan, observan, tocan, caminan, posan, se toman fotos.

A la hora del café, un viajero que vino del norte por razones de origen sentimental, lo expresa con unas cuentas palabras: “Esta obra será la cereza que coronará el exquisito pastel que es esta hermosa ciudad, ya lo verás”.

DON SANTOS PUCH CAB, “TESTIMONIO VIVIENTE”

Siguen de gira, ahora por el norte del estado, Jorge, Hilda, Lázaro, y casi todo el Comité Directivo Estatal del PRI. En su recorrido por el municipio de Hopelchén, visitan Ukún, en el corazón de la “montaña” chenera.

A su paso saludan a Don Santos Puch Cab, “Don Chocanito”. “Testimonio viviente de lealtad y convicción tras sesenta y seis años de militancia”, dice Lazo mientras lo abraza… lo apapacha.

 

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