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In Opinión

El Perverso Milo

GUARDIA NACIONAL 

Esta semana, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, aprobó en lo general, con mayoría calificada junto con el PRI, la iniciativa de Ley del Ejecutivo, para crear lo que será la nueva fuerza de seguridad en contra de la delincuencia organizada: La Guardia Nacional. 

Esta fuerza estará integrada por elementos procedentes de la Policía Federal, la Sedena y la Semar, además de que existe una convocatoria abierta a la ciudadanía, y formará un cuerpo de élite entrenado con estándares militares, luego con capacitación para tareas policiacas, y aún se discute si estarán al mando de un titular civil o militar, punto en el que difieren diversas fuerzas políticas con el presidente y su partido. 

Aprobada en la Cámara de Diputados, tocará el turno de revisar y en su caso aprobar la minuta a la Cámara de Senadores, en la que no debería de ser mucho problema que la Ley pase sin cambios sustantivos por la mayoría calificada de las fuerzas que están a favor, ya que entre el PAN y MoCi no se logra el contrapeso necesario contra Morena, el PES, el PVEM y el PRI. 

De acuerdo con la información disponible, la Guardia Nacional (GN) pasará unos meses de selección para entrenar e integrar la fuerza que tendrá una identidad propia, que la distinga de otras corporaciones policiacas, mando, equipamiento, vehículos, pertrechos, armamento, logístico, manejo de inteligencia, instalaciones y lo necesario en estructura y funciones para enfrentar a la delincuencia en el país, en especial a la organizada y al narco. 

Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, la Guardia Nacional estará bajo el mando de la Sedena, con “función militar” y adiestramiento necesario para desarrollar tareas de seguridad pública, y se pretende contar con al menos 50 mil efectivos en su primera etapa, que serán desplegados en 150 regiones de riesgo y serán plenamente operativos hasta el 2021. 

Eventualmente los efectivos de la GN serán desplegados en 266 áreas o regiones de alto riesgo en estados (8), como Tamaulipas, Guerrero, Veracruz o Michoacán. 

Al ser una reforma Constitucional, requiere de la mayoría calificada del Congreso de la Unión, pues se prevé que sean modificados 13 artículos, así como la legalización de algunas drogas como la mariguana, negociaciones con cárteles y grandes bandas criminales para desarme (implicaría perdonar delitos), y medidas como la publicación y difusión de una “Cartilla moral”, con base en la escrita hace 70 años por el escritor Alfonso Reyes. 

La polémica por la estrategia del pege contra el crimen organizado tiene varias vertientes, algunas muy mezquinas, otras de corte político o partidista e ideológico, y por supuesto que las hay con argumentos válidos. 

Es un hecho que López Obrador se comprometió durante su campaña a sacar al Ejército de las calles, pues no es su función el combate a la delincuencia, además de que las víctimas civiles son o han sido una constante en lugares donde el combate al crimen organizado y al narco tiene a las fuerzas armadas como protagonista. 

Y eso se lo recuerdan diariamente los opositores: el pege prometió sacar al Ejército y las fuerzas armadas de las calles, a pesar de que en su momento siendo autoridad, tanto el PAN como el PRI, hicieron lo propio para sus fallidos combates y falta de estrategia contra el narco y el crimen organizado. 

En resumidas cuentas, le reclaman al Ejecutivo su estrategia de combate a la delincuencia y pacificación, cuando ellos enarbolaron la bandera de militarizar al país y echar bala a lo pendejo, sin distingo ni mejor tino, dejando en el camino un panteón. 

Organismos diversos de derechos humanos, tanto del país como extranjeros han manifestado su negativa a aceptar que fuerzas castrenses salgan a las calles a combatir el crimen, alegando que la violencia que se combate con violencia solo genera más violencia y se eliminan libertades en la búsqueda de una supuesta seguridad. 

La historia respalda a quienes se oponen, eso es innegable. 

Pero, tampoco es menos cierto que las cifras de inseguridad, de asesinatos, secuestros, extorsión, las cifras del miedo pues, van a la alza en un país en el que suman cientos de miles las ejecuciones, desaparecidos y víctimas en general por las luchas entre los cárteles de drogas y las autoridades omisas, hasta cómplices, con instituciones tanto civiles como militares infiltradas hasta los más altos niveles. 

Hace ya 24 años, en 1995 Ernesto Zedillo sustituyó a todos los agentes de la entonces Policía Judicial Federal (PJF) por elementos de la Policía Militar con la idea de acabar con la corrupción, pero muchos de ellos fueron cooptados por la delincuencia. No es el único antecedente, ya que la mayor parte del peligroso Cártel del Golfo con su grupo armado, los Zetas, se conforma por ex militares de élite entrenados en los Estados Unidos. 

Eso nos enseña la historia inmediata, y las preocupaciones no son para menos, ciertamente. 

A fines del 2017, el presidente Peña Nieto intentó dotar de un marco legar la actuación del ejército y las fuerzas armadas contra la delincuencia; las presiones de mandos castrenses, como el general Cienfuegos, de la sociedad civil y de organismos diversos fueron factor para hacer la “Ley de seguridad interior”, que a muy pocos dejó satisfechos, politizando Morena su aprobación al considerarla como un elemento de represión contra eventuales protestas poselectorales. 

Hoy, no en campaña ni como oposición, ya como gobierno, el pege y Morena enfrentan la realidad del país en manos de poderosos grupos delictivos, y no hay manera, disfrazarán a las fuerzas armadas de policías, le llamarán Guardia Nacional. 

No hay de otra, no al menos por los próximos años. 

TRANSPORTE PÚBLICO 

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas fue contundente: no habrá aumento a las tarifas del transporte urbano en tanto no mejoren la calidad del servicio y cuenten con unidades en buen estado que garanticen la seguridad del usuario y no los pongan en riesgo, como actualmente sucede. 

No usó intermediarios. Y con esta declaración dada el pasado jueves, pone sobre la mesa la única carta de negociación que podrán tener los empresarios del transporte, que desde antes que concluyera el 2018 comenzaron a amagar con incrementar las tarifas, argumentando el alto costo del combustible y los insumos. 

Pero no todos levantan la cara. Los empresarios han estado poniendo como carne de cañón al dirigente en litigio de la empresa Murallas de Campeche, Enrique Uribe, quien lleva un proceso legal con Eraclio Soberanis Sosa, para determinar quién es el presidente de dicha sociedad cooperativa, y mientras resuelven, a diario se pelean las rutas. 

Ha sido Enrique Uribe quien ha convocado en diversas ocasiones a los medios para “proponer” algunas alternativas que, a su parecer, no van a lesionar la economía de los campechanos. Básicamente pide que primero se incremente la tarifa un peso, y después gradualmente, mes con mes, otros 50 centavos, hasta llegar a los 11 pesos. 

Es decir que, para viajar en unidades sin ventanas, con los asientos rotos, las láminas oxidadas, sin frenos y con choferes que no tienen el mínimo respeto por el pasajero, los campechanos tendrían que desembolsar 11 pesos para los adultos, y hasta 8 pesos los menores, estudiantes y adultos mayores. 

Las promesas de los empresarios del transporte por mejorar tanto el servicio como sus unidades datan del sexenio de Antonio González Curi, cuando con el respaldo gubernamental les fue entregado el recurso para que pudieran dar el enganche de unidades nuevas. Desde entonces, muy pocos camiones han salido de circulación y es casi nulo el parque vehicular nuevo. 

Con Jorge Carlos Hurtado la misma historia. Apoyo para mejorar las unidades, muchas de ellas pasaron solamente por el taller de hojalatería y pintura y fueron presentadas como nuevas. El resultado ya lo conocemos: accidentes por todos lados, algunos con saldo rojo, y nulo mantenimiento a los camiones. 

Llegó Fernando Ortega Bernés, ya con una Ley del Transporte en la mano. De nuevo los ayudó para comprar unidades bajo la firma de un decálogo de compromiso que los transportistas se lo pasaron por el arco del triunfo. Prometieron choferes educados, unidades con aire acondicionado, internet inalámbrico y cámaras de seguridad. Lo único que conseguimos fue atole con el dedo. 

Todo lo anterior no podía suceder sin el amparo de la autoridad, que cual película de moda, se colocó la pañoleta en los ojos y dejó que el transporte urbano se convirtiera en tierra de nadie, que imperara la ley de la selva y los únicos perjudicados han sido siempre los usuarios que a diario se lamentan la clase de camiones que deben utilizar. 

Y los señalamientos de falta de acción en el Instituto del Transporte del Estado se incrementaron con la llegada de Candelario Salomón Cruz, quien llegó a ese organismo acusado de malos manejos en el Ayuntamiento de Candelaria, el cual entregó al panista Salvador Farías González. 

Desde su llegada, Salomón Cruz fue señalado en reiteradas ocasiones por concesionarios de beneficiarse con la aplicación de los exámenes antidopaje, los cuales no podían ser del sector salud, sino del laboratorio particular que indicara el denostado director. Lo mismo con el pago de los tarjetones de choferes y la renovación de concesiones. 

Finalmente fue removido de su cargo desde los primeros días de este año. En su lugar llegó un abogado, formado en la Naval, con fama de incorruptible, Juan José Castillo Zárate. Desde el primer día ordenó una revisión a fondo de todas las áreas del IET para poder determinar el daño que dejó su antecesor. 

Ya lo dijo Castillo Zárate: el responsable de apagar el fuego de la solicitud de incremento al transporte urbano era Salomón Cruz, tenía la instrucción directa de la Secretaría de Gobierno. No lo hizo. El nuevo director conoce el tema, conoce a los empresarios, llega desde la secretaría técnica de la Secretaría General de Gobierno, y promete poner en orden a todos. 

Porque las quejas de los ciudadanos no cesan. Los camiones no cumplen sus horarios, no cubren completas las rutas, no hacen parada a adultos mayores ni discapacitados, se la pasan jugando carreras, las unidades están en mal estado, y un sinfín de lamentaciones que ponen en entredicho las supuestas inversiones que aseguran los empresarios haber hecho. 

Tan simple: si no es negocio, que den paso a alguien más. 

UNA BUENA Y UNA MALA (OTRA PEOR) 

Buena: El ayuntamiento bachea 

Mala: Dice Llovera Abreu que usan materiales de mala calidad 

Peor: eliEgo solo posa para la foto

MEAVE OR NOT MEAVE 

Vino con el muy ostentoso título de ser “Coordinadora federal de delegaciones”, aunque al igual que a sus ilegales homónimos de todo el país, se le conoce como la “súperdelegada”, a pesar de que en los hechos poco o nada ha podido hacer por su causa la recomendada de Cecilia Ibáñez Camacho (Yeidckol Polevnsky Gurwitz se hace llamar), quizá por tener más las manos metidas en Morena, que por hacer su trabajo como funcionaria federal. 

Desde que se diera a conocer la nueva e ilegal figura de superdelegados en todo el país, Meave causó la impresión de ser una burócrata meritoria más por sus relaciones que por trabajo, pues su paso por el vecino estado de Yucatán no es recordado como bueno ni por la clase política, ni por la gente de Morena, a la que sistemáticamente hizo a un lado, así como en Campeche, igual, rodeándose de tabasqueños con los que no sólo desplaza a los campechanos, sino que los llena de privilegios, contratos y negocios. 

Los recientes nombramientos de delegados, como el de la Secretaría de Relaciones Exteriore (SRE) de oropel y de trámites, así como el del autonombrado defensor de las causas indígenas, el puruxista Nehemías Chí Canché, no sólo no fueron designados por ella, sino que ni su VoBo le pidieron; como que el reparto no le ha favorecido. 

En el caso del nuevo delegado del IMSS, se impuso una cofradía de médicos de la región que logró la colocación de un médico que ya había sido titular en Yucatán. 

Seguramente en los próximos días seremos testigos de nuevos nombramientos en más delegaciones, acomodando tanto a verdaderos cadáveres de la política, como a personajes que bien podrían ser definidos con la pregunta: ¿qué pata puso ese huevo? 

A CHILLIDOS DE MARRANO, OÍDOS DE CHICHARRONERO… ¿Es su cara usual de víctima o de plano se droga?… Arribista, oportunista, así podemos calificar a Nehemias Chí Canché, el flamante delegado de los Pueblo Indígenas en Campeche… No nos congratulamos por el nombramiento de ese “comecuandohay”… Con las manos más metidas en Morena que en las delegaciones, a Katia Meave le están metiendo muchos goles… Famoso productor de teatro demandó a Silvia Pinal en 1984 por un faltante en Protea… Ha sido funcionario del PRI, del PAN y ahora de Morena, es escritor, cantante y bailarín amateur, se llama Alejandro Gertz Manero… Mal y de malas las cosas en el PRD Campeche, ahora les renunció el diputadito Luis Alonso García Hernández… No quiere pasar su cuota al partido… Así las tragicomedias en la franquicia de Abraham Bagdadi… En el PAN la exjefa Yola aún no digiere que el taxista y empresario Pedro Cámara se les haya salido del guacal… Dicen que la vieron llorando en la oficina de eliEgo, junto con la empresaria pesquera, un striper, una tal Rabelo e Inurreta… Los accidentes en la nueva avenida costera no tienen más responsables que conductores muy pendejos sintiéndose pilotos de Fórmula 1 en superautos… En el Km 25 del libramiento carretero unos HDP rompieron el camellón para pasar por ahí pesadas unidades, volquetes y tráilers… A la SCT le vale madre, así lo demuestra su falta de atención y reparación en ese lugar… A los polis federales de caminos también, andan muy ocupados sacando sus extras… No habrá incremento a tarifas de pasaje urbano… Aún así el nuevo titular de la coordinación de Transporte tendrá que acabar con las mafias y vicios que dejó el muy pillo de su antecesor… Las pérdidas por robo de energía eléctrica podrían ser superiores a las de combustibles… Podrían llegar a 50 mmdp sólo en 2018… A lo malo y llorón, agregamos ¡Paranoia!…

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