Siempre que se pisan callos, hay alaridos

In Opinión

Leonardo ZAPATA

Por naturaleza, el ser humano es reticente a los cambios. Máxime, cuando se trata de mejorar, erradicar vicios y buscar –realmente y no sólo de dientes para afuera- el bien de la mayoría.

Quienes gozan de privilegios y/o canonjías –muchas de ellas irregulares- pocas veces se resignan a perderlas de buena manera.

Esta semana que recién concluyó nos enteramos por los medios de comunicación y por las –benditas- redes sociales que, en el seno del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Campeche, Icatcam, se está efectuando un redireccionamiento de los cursos que se brindan.

Nos cuentan que la intención es abarcar un mercado más tecnológico, acorde con las necesidades laborales actuales, que, indefectiblemente, tienden hacia la tecnología, en un mundo cada vez más inundado por la modernidad, y que requiere el suministro de servicios y labores tecnificadas.

Pero los ajustes no van sólo en el destino de las actividades académicas, sino que, como se anunció en una rueda de prensa y a pregunta expresa de los reporteros, se tienen que tocar las cuestiones administrativas para que se alcancen niveles de eficiencia adecuados, que redunden en una mejor y más efectiva capacitación de quienes acuden a las aulas del Icatcam.

Para ello, es necesario, pues, observar la normatividad marcada por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, órgano centralizado de la Administración Pública Federal, adscrito a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), de la Secretaría de Educación Pública.

Y entre las directrices marcadas por los organismos rectores se establece que los cursos deben ser atractivos, innovadores, con calidad y enfocados a pocas horas de duración, en donde se adquieran capacidades de rápido aprendizaje. 

Por ello, se establece que, a partir del 2020, las capacitaciones no podrán exceder un máximo dieciseis horas por semana, contar con una matrícula mínima de 15 alumnos inscritos, y los educandos deberán ser mayores de 15 años.

El máximo de horas por semana, por instructor, será de 30, por lo cual quien ostente ese volumen deberá impartir cinco cursos y contar con 15 alumnos por cada capacitación.

Las autoridades del ICATCAM fueron enfáticas en señalar que a nadie se le reducirán las horas con que cuentan actualmente, siempre y cuando cumplan con los requisitos de número de cursos y de alumnos.

No obstante, como sucede con cada cambio y con intentos de regularizar las actividades, hay intereses ya creados que se ven afectados.

Por redes sociales se han hecho patente algunas inconformidades de supuestos instructores que, azuzados con mala fe por gente con intereses obscuros y bastardos, fueron mal informados a propósito, a fin de tratar de generar confusión y alboroto. Algunos de los capacitadores –la gran minoría- quieren seguir disfrutando de prebendas tales como cobrar por 30 horas de capacitación, cuando solo brindan una hora diaria de clase a un solo grupo. Es decir, pretenden cobrar sin trabajar. Y del más alto nivel ya se les dejó en claro que eso no es posible.

Los tiempos han cambiado y no regresarán. No lo quieren entender, y, por ello, tratan de empujar a los instructores en contra de las autoridades, con nulos resultados, porque los encargados han tomado ya cartas en el asunto y agarrado al toro por los cuernos. 

Hay reuniones diarias con grupos de instructores de cada plantel ICAT, y se les ha explicado que, contrario a lo que se dice en el anonimato, nadie resultará afectado en sus percepciones económicas si se cumplen las directrices que marcan las autoridades centrales.

En el colmo de la mala fe, quienes tienen el malsano interés de sembrar discordia, han afirmado que se ha incrementado el precio de las cuotas que pagan los alumnos por los cursos. Nada más falso. 

En la rueda de prensa efectuada en las instalaciones del ICATCAM quedó de manifiesto que el precio vigente es, en los planteles establecidos, de 100 pesos mensuales, y si el pago es trimestral, asciende a 250 pesos por pronto pago. En el caso de los cursos extramuros o en los Acción Móvil, el costo es de 50 pesos por curso, o 120 pesos por pago trimestral anticipado.

Ha quedado claro que las nefastas acciones de quienes quieren obtener dinero fácil o cobrar absurdas venganzas no tienen futuro. Los metadatos que ostentan los archivos que hacen circular a través de las redes sociales o de las paqueterías de mensajería instantánea permiten saber quiénes son y de dónde salen los infundios.

La labor de la actual administración estatal en favor de la educación y la capacitación para el trabajo de los campechanos no se frenará por intereses bastardos. Más pronto que tarde cada quién obtendrá lo que merece.

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