Derechos humanos, vamos a retroceder?

In Opinión

<p>El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del grupo parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de reforma al artículo primero de la Constitución que busca "armonizar" la obligación de proteger los derechos humanos de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por México, con el predominio de la Constitución en casos de contradicción entre ésta y aquellos.</p><p>Sin embargo, la propuesta añade más confusión que claridad. A pesar de que su argumentación va encaminada a facilitar la concreción de las leyes para aplicar los derechos humanos, lo que hace en la práctica es agregar una oración al párrafo segundo que dice: "De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133".</p><p>El 133 señala que "serán la Ley Suprema de toda la Unión" los tratados internacionales que "estén de acuerdo con" la Constitución. Hasta cierto punto el asunto corresponde a Perogrullo. Veamos. El Poder Constituyente modificó el artículo primero constitucional en junio de 2011 para hacer valer los derechos humanos y los principios pro persona y de "universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad" de los mismos. Si la Constitución lo dice en el artículo primero, no tendría por qué prestarse a interpretación en contrario el artículo 133, pues todo tratado internacional que abrigue estos principios son ya, de jure, Ley Suprema de Toda la Unión.</p><p>El doctor Sergio García Ramírez, quien fuera presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró a EL UNIVERSAL (nota de Nayeli Cortés del 15/I/13), que lo más importante en la materia es el predominio del principio pro persona, que está presente en los tratados internacionales pertinentes y, desde 2011, en nuestra Constitución. En todo caso, señaló, el legislador debió considerar en su momento aclarar el punto en el artículo 133 para armonizarlo con el nuevo contenido del primero. Tiene toda la razón. No debería ser al revés.</p><p>Debemos recordar que antes de la reforma de 2011 prevalecía la confusión y, muy frecuentemente, la interpretación oportunista de los principios constitucionales como pretexto para no aplicar principios y normas de los tratados internacionales firmados por México con la excusa de que no se ajustaban a la Constitución. Esta era una situación de atraso en derechos humanos que fue superada por el cambio de hace año y medio.</p><p>Este cambio ha significado una fuerte sacudida para el Poder Judicial, cuyas altas esferas (la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal) han promovido la adaptación de jueces y magistrados para impartir justicia bajo los nuevos criterios. Desde luego, la tarea que el Estado mexicano tiene frente a sí es enorme, pues la Constitución obliga a "todas las autoridades" (federales, estatales, municipales; administrativas, legislativas y judiciales) a decidir y actuar conforme a los principios arriba señalados. Las resistencias son tan grandes como el reto. La inercia histórica de la injusticia en la aplicación de las leyes, ya sea en la procuración o en la impartición de "justicia"; en la administración pública de todos los niveles y en la actuación de los cuerpos legislativos es abrumadora. Si no fuera así, entonces ¿por qué México es un país en el que predomina la injusticia, lo que todos reconocen? Somos un país de muchas leyes y muy poca justicia.</p><p>La aplicación de los derechos humanos en México podría significar una herramienta para el avance no sólo de las personas individualmente, sino del país en su conjunto a través del mejoramiento de la condición de los individuos. De eso se trata: las personas van por delante y a sus derechos debe subordinarse todo lo demás, especialmente aquello que estorba o viola esos derechos.</p><p>Es especialmente importante que los Poderes de la Unión y los gobiernos de todo nivel se hagan cargo de que el orden internacional generado por los tratados de derechos humanos constituya un avance para la humanidad. Sin temor a exagerar, stos constituyen un bloque más en la construcción de un orden internacional más justo al que todos los Estados deben subordinarse. Cuando un gobierno firma un tratado y éste es ratificado por los cuerpos constitucionalmente habilitados para ello, se convierte en una obligación ante el mundo; ante el resto de la humanidad y ante la propia porción humana que conforma(mos) nuestro Estado.</p><p>De ser aceptada, la propuesta del diputado proponente puede dar pie a volver a un statu quo ante que habíamos dejado atrás (o eso creíamos). Los Poderes de la Unión deberían abocarse, por el contrario, a afianzar los derechos humanos en la estructura del Estado y del régimen. Ahí es donde están las asignaturas pendientes de la nueva democracia. (<strong>El Universal</strong>)</p><p>Comentarios: <strong>@pacovaldesu</strong></p><p>* Director de Flacso sede México.</p>

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