Miguel Sulub Caamal / Platiquemos a cerca de los fideicomisos derogados por el Presidente López Obrador

In Capital

En los últimos días y con motivo de la publicación del Decreto que busca extinguir más de 250 fideicomisos públicos, mandatos o análogos con lo cual el gobierno federal pretende disponer libre y discrecionalmente de más de 255 mil millones de pesos, se ha escrito, escuchado y platicado ampliamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales de los fideicomisos, una figura jurídica conocida principalmente en el ámbito financiero y gubernamental.

Como bien señala la Auditoría Superior de la Federación en su informe de resultados de la revisión y fiscalización realizada a la Cuenta Pública Federal 2018 “En México se han constituido ese tipo de figuras en la Administración Pública desde 1941, y han tenido como finalidad, entre otras, administrar bienes; prestar servicios públicos; otorgar garantías; rescatar bancos; construir infraestructura pública; asegurar pensiones, jubilaciones y fondos de ahorro; diseñar mecanismos y esquemas financieros en los que se comprometen ingresos futuros para pagar pasivos, como fue el rescate de las concesiones carreteras o para solventar la problemática de falta de recursos para reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales, etc”, o sea su alcance ha ampliado la actuación del gobierno en áreas estratégicas y prioritarias.

Al respecto conviene tener presente que el fideicomiso es un acto jurídico que tiene su antecedente directo en el trust, de origen anglosajón, que implica esencialmente el derecho de dominio sobre determinados bienes que una persona tiene a favor de otra. Destacados juristas en la materia señalan que el fideicomiso es una adaptación del llamado trust a los sistemas jurídicos que tienen su base en el derecho romano, y lo consideran como una especie de mandato que es en esencia: un negocio jurídico, implica el destino de bienes o derechos, la realización de un fin lícito, la ejecución de actos para la obtención de dicho fin y que se realiza con una institución de crédito.

Desde una perspectiva gubernamental y financiera el fideicomiso es un instrumento que el gobierno usa como mecanismo auxiliar para ampliar sus márgenes de actuación, financiando en una mezcla de recursos o bienes públicos y privados programas, proyectos y obras para impulsar áreas estratégicas y prioritarias, frente a los recursos limitados recursos presupuestales anuales con que a veces se cuentan, para así alcanzar los propósitos y resultados que se quieren para el desarrollo nacional en el menor tiempo posible.

En los últimos años, la figura del fideicomiso ha sido utilizada para formalizar las alianzas público privadas que han permito ampliar, modernizar, construir y dar mantenimiento a la red carretera del país, infraestructura vital para el transporte y comercialización de productos que garanticen un adecuado abasto de los mismos, además de facilitar a los ciudadanos su movilidad en el territorio nacional; asimismo, a través de ese esquema se han financiado la construcción y equipamiento de diversos hospitales de especialidades; y el caso más reciente fue el impulso que dio al Programa “Escuelas al Cien” al dotar de manera anticipada a las entidades federativas de mayores recursos, comprometiendo sus recursos que percibirían en el futuro para tal fin.

Es preciso señalar también que la figura del fideicomiso ha sido señalada como un mecanismo que da lugar a la opacidad y que obstaculiza el debido control y vigilancia de los recursos públicos, argumentándose en la mayoría de las veces que se encuentra blindada a través del secreto fiduciario.

No obstante a lo anterior, las demandas de transparencia y mayor rendición de cuentas, así como las exigencias de combate a la opacidad y la corrupción en las actuaciones del gobierno, realizadas por la sociedad a través de organizaciones ciudadanas han hecho posible el ir modificando la normatividad bajo la cual se constituyen, operan, se controlan, vigilan y fiscalizan los fideicomisos públicos, mandatos o análogos, principalmente de aquellos que no son considerados como entidades paraestatales y que no cuentan con una estructura orgánica.

Los fideicomisos como toda figura jurídica o instrumento financiero han sido creados en el tiempo con un fin u objeto lícito, y en el sector gubernamental ha sido una figura importante para el financiamiento de obras de especial trascendencia; no obstante a lo anterior, por ser un acto en donde interviene el ser humano dicho fin u objeto puede ser respetado a favor del interés general o distorsionado en contra de el. Su debido uso entonces, depende de la responsabilidad con que actúen las personas, sean servidores públicos o particulares, que participan en ellos, y de no ser así compete a las instancias de control y fiscalización determinar las responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan.

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